El decreto establece la toma de posesión de 165,250 metros cuadrados de los municipios Solidaridad y Tulum, ubicados en la península Yucatán, para construir infraestructura para el Tren Maya.
La constitución ordena que las expropiaciones se podrán realizar por razones de "utilidad pública" y que el Gobierno debe ofrecer una compensación. Los ferrocarriles son considerados prioritarios para el desarrollo nacional.
El plan multimillonario, que López Obrador espera impulse el desarrollo local, se ha visto retrasado por mandatos judiciales, y los críticos dicen que la línea de 1,470 kilómetros se está llevando a cabo sin los estudios de impacto ambiental adecuados.
El decreto, para su inmediata aplicación, se produce a menos de una semana de que AMLO declarara como asunto de seguridad la obra del Tren Maya.
