El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ha comentado que este presupuesto prioriza la inversión social y la recuperación económica. Los programas con más recursos en la parte social (65.5% del gasto programable) corresponden a adultos mayores, con 10.5 millones de beneficiarios, y personas con discapacidad. El 70% de las familias mexicanas reciben apoyo a través de algún programa gubernamental.
Turismo será el más beneficiado con un incremento del 121%, de los cuales el Tren Maya gastará el 98%. La Secretaría se quedaría solamente con dos mil 282 millones de pesos para la estrategia turística del país.
Otros proyectos prioritarios son las obras hidráulicas de Conagua (Proyecto Agua Saludable para La Laguna, construcción Acueducto El Cuchillo II y Presa Libertad) con 177.3% de incremento, Refinería Dos Bocas, plan de rescate de refinerías, Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec, Parque Ecológico de Texcoco, Tren Interurbano México-Toluca, subsidio al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). También se destinan recursos para el pago del avión presidencial.
Solo el 49% del presupuesto se usará para atender las necesidades básicas como el desarrollo del país y el bienestar de la gente, tales como la inversión en infraestructura productiva, mantenimiento de la infraestructura ya existente, electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud y seguridad pública.
Las participaciones a entidades federativas y municipios se ubicarán en 1.2 billones de pesos, cifra superior en 14.0% real, con relación al actual ejercicio fiscal. Durango recibirá 7 mil mdp (22.2%) más como parte del presupuesto federal de 2023 que podría permitir a su nueva administración mayor maniobrabilidad financiera en apoyo de su problema actual.
Se aprecia poco espacio fiscal debido a recortes del pronóstico del PIB, alza de la inflación y tasas de interés, factores que no ayudarán mucho a los ingresos. Respecto a estos, provendrían de petróleo (1.3 billones de pesos) e ingresos no petroleros (5.8 billones de pesos), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aporta más recursos que Pemex y CFE juntos, seguido por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es similar a los ingresos petroleros. Se estima contratar 1.2 billones de pesos a través de deuda.
Algunas medidas para nadar en contracorriente son acceso a la canasta básica alimentaria, incorporar a más mujeres al mercado laboral formal con escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, cerrar brechas educativas que se hayan generado a causa del Covid-19, acceso universal a los servicios de salud con fuentes de financiamiento, generar la energía que México necesita para crecer aumentando inversión para cubrir la demanda nacional de energéticos con certeza jurídica para la inversión privada del sector, entre otras acciones para Exploración y Perforación de hidrocarburos, creación de planes de inversión en gas natural (energético clave en la transición energética).
Debe generarse un ambiente de recaudación de impuestos que permita al Gobierno contar con más recursos para apoyar a los más necesitados, esta debe de hacerse con transparencia. La recaudación tributaria sigue siendo por debajo del promedio de países de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE).
Otras acciones son estricta concesión de contratos por concurso y bajo escrutinio público, adopción de una política de Administración Integral de Riesgos para cubrir la situación deficitaria en hidrocarburos, así como los precios de importación de granos en donde somos insuficientes como el maíz. No se cubre el riesgo cambiario de la deuda ni variaciones al alza de tasas de interés.
La ausencia de Estado de derecho, altísima corrupción, inseguridad, y las constantes decisiones de gobierno en contra de la iniciativa privada, tienen al país con muy bajo nivel de inversión, a pesar de la oportunidad que tenemos con la relocalización de inversiones globales que salen de Rusia y China. Raquel Buenrostro, titular del SAT, comentó que hay entre 80 a 400 empresas que tienen la intención de moverse de Asia a México.
Al término del primer trimestre de 2022 la inversión pública cayó 8%, menor registro reportado en una década. Una opción para no rezagar el desarrollo, servicios públicos y bienestar social podría ser realzar las asociaciones público-privadas (APP), que establecen una relación contractual de largo plazo, entre el sector público y empresas privadas, para la construcción de infraestructura.
Es necesario revisar el costo beneficio de los programas de beneficio social denominados para el "bienestar". Además, es importante dejar una brecha presupuestal sobre supuestos realistas en la planeación de ingresos y egresos, por cualquier imprevisto.
Subestimar cantidades podría llevarnos realmente a conocer una verdadera pobreza franciscana, como advierte Enrique Quintana
