La pobreza afecta a parte importante de la población: a fines de 2023, el 37.0% estaba en pobreza laboral; 37 de cada 100 personas no tenían ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria para cada miembro del hogar (Coneval, 27-II-2024).
La desigualdad territorial se observa en las diferencias entre el hábitat de los sectores medios y altos, y los asentamientos de campesinos y trabajadores urbanos, y su carencias de vivienda digna, espacios públicos equipados, servicios suficientes y de calidad, vialidad y transporte adecuado, etc.
Para superarla se propone:
Un desarrollo social, económico y territorial equitativo, con participación comunitaria en su definición y vinculatoria en la elaboración y aplicación de políticas públicas. Un nuevo pacto social, una reforma que se sustente en derechos económicos, sociales y culturales; que reconozca los emergentes en las ciudades y el campo. La convivencia en democracia implica combatir la discriminación, la violencia, la desigualdad, la exclusión y la pobreza.
Para lograrlo hay que:
Redefinir las políticas urbanas a partir de otra forma de gestión de la ciudad, que articule a los gobiernos con la participación ciudadana, consciente y organizada.
Disponer de tierra para el crecimiento urbano, con oferta legal al alcance de los pobladores y vigilar que las dependencias públicas y los particulares cumplan las normas que regulan el mercado y el uso del suelo.
El Estado debe operar la infraestructura vial y los servicios públicos de agua, drenaje, disposición de desechos sólidos y energía eléctrica, y garantizar el acceso equitativo de toda la población a ellos. Sus tarifas deben ser progresivas según la magnitud y el tipo de consumo y tener subsidios cruzados para lograr la equidad.
Densificar las áreas urbanizadas, usar baldíos, mejorar colonias populares, procurar el arraigo de la población y evitar su desplazamiento por razones económicas.
Promover el desplazamiento peatonal y en vehículos no motorizados; priorizar el transporte público y aplicar medidas fiscales para desestimular el automóvil privado.
Revalorizar el patrimonio desde la memoria histórica y lo cultural, no desde lo mercantil y el espectáculo.
Crear una justicia territorial para garantizar derechos y la solución de conflictos entre individuos, comunidades y gobiernos.
Mejorar el hábitat social con políticas para resolver las causas de la violencia y del deterioro social.
Estas estrategias y políticas deben garantizar a todos los habitantes el derecho a otro territorio y a otra ciudad, que sea democrática, equitativa, humana y habitable.
