La medida, diseñada para proteger a los inquilinos, busca regular el mercado inmobiliario y prevenir aumentos excesivos en los precios de alquiler.
Martí Batres, jefe de Gobierno de Ciudad de México, envió una iniciativa de reformas a la Ley de Vivienda y al Código Civil del Distrito Federal con el objetivo de frenar el incremento excesivo y acelerado de las rentas en la capital. La propuesta fue enviada al Congreso capitalino el último día de julio pasado y contempló tres medidas destinadas a proteger a los inquilinos y regular el mercado de alquiler:
Establecer que las rentas no podrán aumentar más allá de la inflación del año transcurrido. Establecer un registro digital de los contratos de arrendamiento. Establecer una política pública de construcción de vivienda para renta.
El objetivo de esta reforma es, de acuerdo con los legisladores locales, proteger a las familias de menores ingresos. Recordemos que el jefe de Gobierno de Ciudad de México señaló que las personas con menos recursos destinan hasta 51% de su ingreso para cubrir el pago de la renta, en contraste, el segmento de mayores ingresos solo destina el 8 por ciento.
Fue este jueves 22 de agosto cuando el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular varias reformas al Código Civil y la Ley de Vivienda. Con 57 votos a favor, se dio luz verde a una iniciativa que, entre otros puntos, impondrá un nuevo límite al aumento de la renta de vivienda en la capital.
La iniciativa también contempla la implementación de un registro digital de los contratos de arrendamiento vigentes, cuya plataforma estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México: aquí los arrendadores tendrán que realizarlo en un plazo máximo de 30 días después de la firma del contrato, lo que será obligatorio.
Tiene como objetivo el tercer eje de la reforma promover la construcción de vivienda destinada al alquiler mediante la implementación de una política pública orientada a este propósito. Su ejecución asegura la producción de viviendas públicas con rentas accesibles para personas con menores ingresos. La administración de estas viviendas también quedará en manos de las autoridades y requerirá recursos públicos.
