
De acuerdo con Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), el Infonavit planea entregar apenas 3,000 unidades durante el 2025, su primer año operativo.
En muchas partes estamos padeciendo una falta de disponibilidad de agua. México tiene un estrés hídrico y eso hace que no tengamos volúmenes suficientes para las casas que queremos construir, explicó durante su participación en el "Think Tank Inmobiliario".
Hasta septiembre pasado, el instituto lleva contratadas 200,000 viviendas, con miles ya en proceso de construcción, pero el despliegue masivo se espera hasta el 2026. A pesar de los esfuerzos, las limitaciones en servicios básicos podrían retrasar la entrega de los proyectos.
Ramírez Capó remarcó que el programa ha avanzado en 20 estados entre ellos Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y Colima gracias a su suelo accesible, densidad adecuada y disponibilidad de recursos.
En contraste, en entidades como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Estado de México, el panorama es más complicado por la falta de agua y energía eléctrica.
Para el Infonavit, los desafíos no difieren de los que enfrentan las empresas privadas. Sergio Leal Aguirre, director general de la viviendera Vinte, destacó que la lentitud en los trámites y la falta de servicios son obstáculos en común.
Los retos son exactamente los mismos que surgen al construir una vivienda que no es del programa del Bienestar. Un fraccionamiento normal tarda 12 meses en constituirse, y en eso estamos, porque se necesitan licencias de construcción, agua, luz y drenaje, afirmó Leal Aguirre.
Vinte ha presentado cinco proyectos para desarrollar bajo el esquema del Infonavit, ubicados en Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, que en conjunto sumarían 11,000 viviendas, aunque todavía están en espera de autorización.
La industria de la vivienda mantiene altas expectativas en torno a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, enviadas al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con estas modificaciones se busca fortalecer la regulación hídrica y evitar la transferencia de concesiones entre particulares, además de hacer más eficientes los procesos administrativos.
Como desarrolladores, solo somos transmisores del agua para los usuarios. Lo que estaríamos esperando es que los trámites se eficienticen, pasar de un año y medio en tiempo de trámite de licencias, a un mes, añadió Leal Aguirre.
Otro de los puntos críticos es la falta de criterios uniformes sobre el consumo y la dotación de agua por habitante. Miguel Lozano, director general de la División Vivienda en Casas ARA, subrayó la necesidad de establecer parámetros nacionales que tomen en cuenta las tecnologías actuales de ahorro.
La Canadevi ha informado que las autoridades exigen de 180 a 250 litros por habitante al día, según el municipio. En este sentido, la industria solicita establecer una dotación nacional que considere las ecotecnologías, ya que algunos estudios muestran que una persona puede vivir adecuadamente con solo 120 litros diarios.
Se requiere voluntad política si queremos acelerar la sustentabilidad en materia de agua y electricidad. Las pérdidas serían menores y sería un beneficio para toda la población, concluyó Lozano.