El dictamen de reforma incorpora la seguridad estructural, como un lineamiento de la Política Nacional de Vivienda. Además, plantea que se tomará en cuenta el Atlas de Riesgo con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de la vivienda.
De igual manera, establece que, para la adquisición de suelo para la construcción habitacional, se deberán observar las disposiciones legales en materia de protección civil. Mientras que para el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades se deberá tomar en cuenta el Atlas de Riesgo.
Al respecto, la diputada Susana Cano González aseguró que la finalidad de la reforma es erradicar riegos ante desastres. Esto para que las personas cuenten con la certeza de que el espacio físico en el que se ubica su vivienda tiene todas las certificaciones en la materia.
"Lograr controlar el riesgo solo puede ser posible mediante una adecuada política de gestión de riesgo; tomar en cuenta los procesos oportunos del desarrollo territorial y considerar el medio ambiente y la sostenibilidad", dijo.
La diputada Margarita García recordó que la seguridad estructural debe considerar la consulta de los Atlas de Riesgos para salvaguardar vidas. Por ello, solicitó que estos instrumentos sean actualizados de manera periódica.
"Se debe tener en consideración que las autoridades, para expedir un permiso de construcción, deben consultar y tomar en cuenta los Atlas de Riesgo de los municipios y alcaldías para evitar desastres futuros y poner en peligro a la población. Además, se obligue a la creación y actualización, ya sólo el 2% de los municipios y alcaldías cuenta con él", subrayó.
En tanto, la diputada Martha Camacho expuso la urgencia de otorgar seguridad estructural a las personas; pues gran parte del país es susceptible a fenómenos naturales como sismos, huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra en laderas, volcanes y hundimientos, entre otros.
