Hoy en día la vivienda está muy lejos de ser un factor de igualdad social, su escasez es una realidad. México pasó de construir 300 mil viviendas al año (2010) a 180 mil en estos últimos años. Nada más en Sinaloa existe un déficit habitacional superior a las 63 mil 230 viviendas y hay 81 mil 052 que están en hacinamiento. Por tales motivos, hace unas semanas acertadamente el gobernador Rubén Rocha Moya instaló el Consejo Estatal de Vivienda de Sinaloa.
Son muchos los desafíos que enfrenta el estado, y Culiacán no es la excepción. Atacar la escasez de vivienda en la capital implica, por parte del sector público, invertir en infraestructura básica y urbana sostenible que priorice los servicios públicos y transporte público, incluir políticas para fomentar la construcción de viviendas sociales, delimitar los usos de suelo, su vocación y densidad de población, digitalizar los trámites y otorgar incentivos fiscales para los desarrolladores de viviendas.
Acabar con el problema de escasez requiere una colaboración entre las autoridades públicas y el sector privado para enfocar los esfuerzos y desarrollar soluciones sostenibles, justas y equitativas que aumenten la oferta de vivienda. Se debe comenzar por resolver la disponibilidad de terrenos para la construcción, detener la tendencia a construir desarrollos habitacionales en las afueras de la ciudad -llevar los servicios públicos es muy costoso-, y combatir prácticas clientelares en el otorgamiento de créditos.
Si bien, la demanda de vivienda ha crecido por el aumento salarial y las mejoras en condiciones laborales de la presente administración del Presidente Andrés Manuel, también su precio ha aumentado significativamente. El costo promedio de una vivienda en Culiacán oscila entre 800 mil pesos y 1.5 millones de pesos, por lo que se tiene que poner atención en la discrecionalidad y los procesos de regulación para la producción de vivienda - planeación, costos, trámites y licencias- que permita a muchas personas acceder a una vivienda adecuada.
Se estima que el 97% de las viviendas en países en desarrollo no son accesibles financieramente para quienes se destinaron inicialmente, por eso, para la población de más bajos recursos se requiere crear un esquema de subsidios dónde el gobierno y los desarrolladores inmobiliarios oferten un producto de calidad que les permita adquirir una vivienda digna a quienes comúnmente no tienen acceso a un crédito bancario, hipotecario, Fovissste o Infonavit.