El instituto surge durante los años noventa con el objetivo de dar cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores; ese mismo año se reformó la ley para consolidar al Infonavit como organismo fiscal autónomo, hipotecaria social, e institución complementaria al Sistema de Ahorro para el Retiro. Lo anterior, implicó una fuerte reorganización interna para establecer un sistema de crédito que fortaleciera las finanzas del Instituto a través de ahorradores portadores de cuentas individuales, abriendo así la participación de organizaciones en el desarrollo urbano.
En los primeros años de servicio, el Infonavit promovió un esquema de crédito en pesos con una tasa de interés fija del 4% a un plazo de 20 años. Estos créditos estaban limitados y sujetos a la disponibilidad de los fondos que tuviera el Infonavit. Se realizaban sorteos y el acceso en la sociedad se asimiló como obtener una casa del Infonavit en vez de acceder a un financiamiento.
¿Cómo administra el Infonavit los recursos de los trabajadores?
El dinero que administra el Infonavit pertenece a los trabajadores del país, cada bimestre el Instituto recibe el 5% de la nómina de todos los trabajadores del sector privado. Estos recursos se individualizan a favor de cada trabajador y constituyen un fondo para otorgar crédito a quien lo necesite para generar un rendimiento a los que no ejercen su crédito.
Con el paso del tiempo el instituto se ha transformado su administración a partir de aplicar los principios de honestidad, racionalidad y austeridad en beneficio de la clase trabajadora, recortando el gasto operativo, rediseñando las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes, Contratación de Servicios y Obras, para garantizar que las adquisiciones se realicen con las mejores condiciones de economía, transparencia y competitividad; además de administrar los recursos con austeridad y honradez.
El Infonavit ha tenido cambios profundos a lo largo de los años, sin embargo, su meta es siempre trabajar en aras de la consolidación de una mejor calidad de vida para los derechohabientes, ya sea a través de la adquisición de una vivienda adecuada o por medio de un mayor complemento de su pensión.