La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ya tiene información de que un grupo de compañías que participaron en el esquema de Subastas de Energía de Largo Plazo están enfrentando problemas para sostener los márgenes de utilidad con los que diseñaron su incursión en este esquema mediante el cual se vendía electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que encabeza Emilia Esther Calleja Alor.
Fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando se realizaron estas subastas que, en su momento, se constituyeron como pilar de la llamada transición energética.
Entre los principales jugadores de la SEL y beneficiados por la emisión de Certificados de Energía Limpia (CELs) se encuentran generadores de energía solar y eólica como la italiana Enel Green Power a; Acciona Energía de España que lleva; Zuma Energía de México que opera el parque de energía eólica más importante de Reynosa; X-Elio de España, Atlas Renewable Energy de Chile; Cubico Sustainable de Reino Unido, Engie México de Francia; las españolar Fotowatio Renewable Ventures y Genergy Renovables de Canadá.
Las SEL consistían en licitaciones públicas organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), donde estas empresas privadas competían para vender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contratos de energía eléctrica acumulable, potencia, así como de Certificados de Energías Limpias (CEL) bajo condiciones de largo plazo, al menos entre 15 y 20 años.
Dado que los contratos siguen vivos y que, como dicen los abogados, constituyen derechos ganados, al derogarse la Ley de la Industria Eléctrica, no fue posible desconocerlos. Así sobrevivieron al nuevo marco legal, pero, sin duda, las SEL, los CELs, podrían ser ya una especie en extinción y es, por ello, que podríamos estar entonando un réquiem a estas subastas.
Lo interesante es que ya se acercaron a la titular de la Secretaría de Energía buscando una solución a este problema que generó un esquema que fue cancelado durante el gobierno del ex presidente López Obrador por considerar que atentaba contra la rentabilidad de la CFE, la empresa del Estado que ahora tienen la obligación y el mandato de ser la rectora del sector eléctrico del país, clave para el desarrollo económico y, por supuesto, para el Plan México.
Al cancelarse las subastas, se ponderó que México ya contaba con suficiente capacidad instalada y que las subastas obligaban a la CFE a comprar energía que no necesitaba a largo plazo. El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha buscado que la CFE recupere un papel dominante en la generación eléctrica, y las subastas favorecían en mayor medida a estas empresas privadas y dejaban a la CFE en desventaja.
