Este nuevo organismo público tendrá un carácter descentralizado y estará sectorizado bajo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La agencia surge como respuesta a la necesidad de consolidar una estructura técnica y administrativa capaz de coordinar los proyectos ferroviarios a nivel nacional, según el proyecto de dictamen.
La función central de la agencia será regular el sector ferroviario y gestionar los proyectos desde una perspectiva especializada, lo que implica establecer criterios sólidos para garantizar tanto la seguridad como la eficiencia en los servicios de trenes de pasajeros y transporte de carga.
La estructura prevista permitirá que la agencia tenga autonomía suficiente para diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de políticas en el sector, sin interferencias directas de otras entidades federales que no formen parte del ramo específico.
La justificación detrás de la creación de esta agencia reside en dotar al Estado mexicano de capacidades institucionales avanzadas, necesarias para atender la complejidad de las inversiones, la operación y la regulación ferroviaria en un entorno competitivo.
Al centralizar la coordinación y supervisión, se pretende agilizar la implementación de proyectos estratégicos, optimizar los recursos públicos y atraer inversiones privadas que fortalezcan la infraestructura, con la meta de lograr una red de trenes moderna y eficiente.
Las reformas avaladas por el Senado incorporan una serie de disposiciones orientadas a elevar la calidad de la movilidad y la seguridad en el sistema ferroviario mexicano.
Uno de los aspectos esenciales del proyecto es la propuesta de mejorar el servicio de transporte de pasajeros, haciéndolo más eficiente, accesible, seguro y sostenible.
