El pasado sábado 15 de junio, entraron en vigor las reformas a la Ley de Vivienda, a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de vivienda accesible e inclusiva.
Con respecto a la Ley de Vivienda, los principales cambios establecen que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) deberá generar vínculos institucionales y convenios de asistencia técnica. Esto con el fin de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con las autoridades competentes, deberá asegurar que las viviendas cuenten con espacios habitables y auxiliares suficientes, así como servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica.
Lo anterior con el objetivo de garantizar la seguridad estructural, la accesibilidad, y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres.
Adicionalmente, la reforma indica que los modelos normativos y prototipos constructivos deberán facilitar la accesibilidad, eficiencia de los sistemas funcionales y respetar los recursos naturales y las modalidades habitacionales en diferentes zonas del país.
Por otro lado, en el caso de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la reforma tiene el propósito de garantizar que las personas adultas mayores puedan ser sujetas de créditos accesibles para adquirir, remodelar o adaptar una vivienda propia.
Finalmente, los cambios a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad buscan reconocer el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda digna; y establecen que los programas deben incluir proyectos arquitectónicos accesibles.
Además, señala que las instituciones públicas de vivienda deberán otorgar facilidades para acceder a créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y remodelación o adaptación de vivienda.
