En concreto, los incrementos en las rentas no podrán ser mayores a la inflación, se establecerá un índice de precios de alquiler razonable y se estimulará el comercio de barrio.
Estas medidas, explicó la alcaldesa Clara Brugada, serán incluidas en una propuesta de ley que, según dijo, incluirá un "amplio proceso de discusión ciudadana".
Los colectivos anti-gentrificación no confían y han convocado una nueva marcha para el fin de semana que dará continuidad a la celebrada a principios de julio y que relanzó el debate sobre un problema que se ha dado en muchas ciudades del mundo: el incremento de los precios de las casas debido al turismo masivo, la especulación y la expansión de plataformas como Airbnb.
En esa ocasión, aunque la protesta se desarrolló mayormente de forma pacífica, acabó con un grupo de manifestantes rompiendo ventanales, saqueando algunos negocios y gritando a turistas lemas como "gringos, dejen de robarnos la casa", actos que las autoridades tacharon de xenófobos e inaceptables.
Tanto Brugada como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejaron claro entonces su disposición a tomar medidas que regulen el mercado inmobiliario pero insistieron en que que no aceptarían protestas violentas ni actitudes xenófobas.
Durante el anuncio de este miércoles, la alcaldesa también se mostró dispuesta a dialogar con quienes han alentado las protestas. Sin embargo, el centro de la capital estuvo tomado por la policía para evitar la congregación de críticos con las autoridades y, según los colectivos, Brugada se negó a recibirles.
"Nosotros estábamos ahí y solicitamos reunirnos... Pero nos negaron el paso", dijo a AP Eduardo Alanís, del Frente Anti-Gentrificación CDMX. "Lo que estamos viendo es una simulación porque desde que ocurrió esa gran protesta el gobierno no se ha comunicado con los frentes" convocantes.
La gentrificación de algunas zonas de la capital comenzó antes de la pandemia de COVID-19, pero la tensión y el incremento de precios se hizo notar con la llegada de "nómadas digitales" estadounidenses que empezaron a trasladarse a Ciudad de México en 2020, muchos de ellos para escapar del confinamiento en Estados Unidos o para aprovechar los alquileres bajos de la ciudad.
En los últimos años, los precios de las viviendas en renta se han disparado y los locales comenzaron a verse cada vez más desplazados de sus barrios, particularmente en vecindarios como Condesa y Roma, zonas arboladas e históricas llenas de cafeterías y restaurantes en las que predominan los departamentos en alquiler para extranjeros que avivaron tensiones vecinales.
El Frente Anti-Gentrificación CDMX ha insistido que la gentrificación es una cuestión de desigualdad, no de migración y de odio al extranjero, sino del trato privilegiado que dan las autoridades y las empresas a quienes tienen mayor poder adquisitivo.
Para Alanís, el problema está lejos de solucionarse con las medidas anunciadas el miércoles porque, a su juicio, "no están yendo al fondo del problema" que son las inmobiliarias.
De ahí que los críticos sigan en la lucha. El domingo protestarán al sur de la ciudad por la construcción de enormes bloques de viviendas que ha expulsado a muchos vecinos que antes vivían en el lugar.
"La violencia estructural del Estado está en estas cosas y no en vidrios rotos", indicó Alanis.
