En conferencia de prensa, representantes de la cámaras empresariales y sindicatos reconocieron los cambios que se realizaron a la propuesta inicial, pero demandaron que el dictamen final aprobado en la Cámara de Diputados hace algunos días no contempla todas las observaciones que expresaron a la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
Los líderes empresariales y obreros indicaron que es indispensable que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no sólo asista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en tareas de auditoría y vigilancia bajo criterios de "prudencia y sanas prácticas", sino que el Infonavit se apegue de manera estricta a las normas contables y financieras de dichos órganos para salvaguardar los recursos de los trabajadores.
"Como está aprobada la minuta, no se le otorgan los dientes necesarios a la CNBV y a Hacienda para supervisar estos fondos. De no ser supervisados correctamente, puede darse un mal manejo de los recursos de los trabajadores", comentó Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex.
Subcontratación de constructoras
Las organizaciones señalaron que la minuta permitirá que la empresa del Infonavit no sea sujeta a la supervisión del mismo instituto, en un escenario donde tendrá la facultad de ejecutar las 500,000 viviendas que pretende edificar en el sexenio con ayuda de otras constructoras.
Eduardo Ramírez Leal, tesorero de la Concamin, destacó que esto se contradice con la reforma de subcontratación laboral (oursourcing) y podría crear un ambiente empresarial insano en el sector.
"Hay riesgo de que las constructoras sean contratadas de manera poco clara, porque empresas formales pudieran caer en destajistas. Estamos hablando de construir 80,000 viviendas sociales al año, sí hay un riesgo. Esperamos que se puedan poner muy bien las comas para ver hasta dónde puede contribuir la empresa del Infonavit y no generar vicios en el país", añadió Ramírez.
Quejas y movilizaciones
Además del refuerzo a la supervisión del Infonavit y su empresa constructora, las organizaciones hicieron un posicionamiento con observaciones para reforzar el tripartismo en el instituto y mejorar la propuesta de reforma.
El secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo Gerardo González, indicó que esperan que sus peticiones sean tomadas en cuenta en el Senado de la República. De agotarse los recursos legislativos y no ser escuchados, acudirían a instancias internacionales y movilizaciones en las calles.
"Se impondrá una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque se han vulnerado los derechos de los trabajadores. Estamos dispuestos a tomar las calles", dijo González, y agregó que se movilizarían hasta 3 millones de trabajadores a nivel nacional en protesta por la reforma.
