Desde el año 2000, el modelo de construcción de viviendas masivas en México ha demostrado ser un rotundo éxito para las empresas inmobiliarias y los fondos públicos en términos económicos. Sin embargo, en el plano social, se observa un claro fracaso, debido a que las condiciones de vida de la población que ha contraído créditos hipotecarios se han visto considerablemente mermadas.
En medio de este contexto, Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), insiste en la necesidad de replantear nuestro enfoque sobre la vivienda. Es imprescindible, según sus palabras, dejar de ver la vivienda como una simple mercancía y empezar a valorarla por su uso y no por su potencial cambio en el mercado.
Esta reflexión no solo subraya la importancia de reorientar el valor de la vivienda hacia su uso, sino que también nos plantea la interrogante: si esto se lograra, ¿habría realmente tantas personas sin un lugar dónde vivir?
Luis Alberto Salinas Arreortua, integrante del Departamento de Geografía Social de la UNAM, enfatizó el carácter altamente lucrativo del mercado hipotecario en nuestro país y los múltiples problemas que ha supuesto para la población.
Salinas Arreortua detalló que los costos de los créditos hipotecarios son sustanciales. Por ejemplo, las tasas de interés del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) pueden llegar a ser tan altas como el 9 o 10 por ciento, prácticamente a la par con las tasas bancarias. A esto se suma que los créditos hipotecarios emitidos por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) están indexados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que conlleva un incremento anual del monto total de la deuda.
Según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, de los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas, el 57.1 por ciento son propiedades pagadas; el 16.4 por ciento son rentadas; el 14.2 por ciento son prestadas por familiares, amistades o por el trabajo; el 10.7 por ciento son propias, pero aún se están pagando; y el 1.7 por ciento se encuentra en otra situación.
