Comunicado No. 16-May/24-Comunicación Social
Ciudad de México, a 16 de mayo de 2024
Propuestas para impulsar una política de Estado en materia de vivienda en México
En conferencia de prensa, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaled, se pronunció ante la situación de vivienda en México y destacó que es un motor económico y un derecho humano que debe ser garantizado para todas las personas, con el esfuerzo del gobierno y la iniciativa privada.
Dijo que, ante este panorama y de cara al inicio de un nuevo gobierno, la CMIC propone fortalecer la política de vivienda y desarrollo urbano sostenible en un clima de armonía y colaboración estrecha entre los sectores público, social y privado para ofrecer vivienda digna, segura, accesible y sostenible a la población, especialmente a los estratos de menores ingresos, a través de las siguientes acciones concretas:
1. Impulsar una política de Estado en materia de vivienda, con certidumbre jurídica y acciones consistentes. El objetivo es generar más y mejores viviendas formales, respetando el Estado de derecho, los derechos adquiridos de los trabajadores y reconociendo el importante papel del sector privado en el desarrollo de vivienda, con una política de vivienda consistente. Hagamos lo que tengamos que hacer para construir más viviendas formales que informales, en beneficio de la población más vulnerable , expresó el líder de la CMIC.
2. Impulsar una gran Acuerdo Nacional en favor del desarrollo de vivienda para las familias de menores ingresos y para las nuevas generaciones.
3. Fortalecer y diversificar el financiamiento para el desarrollo de vivienda.
Méndez Jaled explicó que es necesaria la reactivación y ampliación de créditos para la vivienda social nueva; el impulso del ahorro previo; y la diversificación de mecanismos de financiamiento.
Por ello propuso crear un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces para Vivienda Incluyente de los Trabajadores (FIBRAVIT).
4. Ampliar la oferta con subsidios al frente, directos, transparentes, individuales y focalizados en la población de hasta tres salarios mínimos para vivienda nueva con todos los servicios urbanos.
Estos subsidios bien asignados cuestan una décima parte de lo que, a valor presente, cuesta el subsidio a las tasas de interés de los créditos de INFONAVIT que reciben trabajadores con ingresos de 5, 6 o 7 salarios mínimos , apuntó.
5. Fortalecer la planeación urbana. Los municipios deben impulsar un enfoque integral de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, movilidad sostenible y vivienda social, con planeación adecuada y regulación eficaz, en un clima de coordinación entre los sectores público, social y privado.
El presidente nacional de la CMIC explicó que la elaboración y aplicación estricta de los planes de ordenamiento urbano son una obligación legal, no una potestad que se pueda evadir.
En esto es fundamental reiterar nuestra propuesta de crear un órgano colegiado de planeación de infraestructura con visión de largo plazo , insistió Méndez Jaled.
6. Reducir los costos de la vivienda con una regulación que fomente el desarrollo del mercado habitacional legal y con trámites simplificados y tecnología de vanguardia.
7. Promover una estrategia interinstitucional para generar reservas de suelo apto para el desarrollo urbano ordenado.
8. Incrementar los presupuestos de los tres niveles de gobierno para vivienda social y desarrollo urbano sostenible.
Los gobiernos son responsables de dotar a las ciudades de la infraestructura y servicios urbanos necesarios, bajo un modelo de urbanismo sostenible, con esquemas innovadores y transparentes de inversión y colaboración del sector privado , apuntó.
9. Promover el uso de tecnologías de vanguardia y de materiales sostenibles para la construcción de vivienda social, bajo un modelo de economía verde.
10. Incorporar las mejores prácticas en materia de resiliencia urbana y desarrollo de viviendas, ante los efectos del cambio climático.
Previo a esta propuesta, el presidente nacional de la CMIC, Méndez Jaled, dijo que el diagnóstico arroja que de un parque habitacional de 38 millones de viviendas en 2024, el 73% son informales y el rezago habitacional, es decir, la suma de las viviendas que hacen falta, más las viviendas en mal estado, es de 9.6 millones de viviendas.
Históricamente el rezago se ha concentrado en las familias de menores ingresos , apuntó.
Dichas familias, continuó, no pueden acceder a una vivienda digna porque no tienen un empleo formal o su ingreso es tan bajo que no califican para un crédito, además de que la oferta 16 de mayo de 2024 institucional es considerablemente menor a la demanda de vivienda.
Explicó que también influyen la limitada reserva de suelo para el desarrollo urbano ordenado; la falta de planeación urbana y regulación eficaz; los altos costos de la vivienda; y la falta de alternativas de financiamiento, ahorro previo y subsidios focalizados para vivienda nueva.
En esas condiciones, continuó, muchas de estas familias no tienen otra opción que instalarse en asentamientos irregulares.
Agregó que las consecuencias de este fenómeno son graves y costosas.
La falta de opciones institucionales de vivienda da lugar a asentamientos irregulares, crecimiento urbano desordenado, falta de servicios urbanos básicos, hacinamiento y viviendas precarias e inseguras generadas mediante la autoconstrucción, las cuales no cumplen con los estándares de seguridad, calidad, habitabilidad y sostenibilidad necesarios, expresó.
Adicionalmente, dijo, las familias que viven en esos asentamientos irregulares incurren injustamente en costos excesivos para acceder al agua que se suministra en pipas, así como daños a la salud por las condiciones de precariedad e insalubridad de dichas viviendas.
El presidente nacional de la CMIC refirió estudios de organismos internacionales como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que estiman que cuesta tres veces más atender las necesidades de obra y servicios en asentamientos irregulares que se han regularizado, que desarrollar fraccionamientos con edificación formal de vivienda social con todos los servicios urbanos.
Reconocemos que se han hecho importantes esfuerzos para canalizar recursos y subsidios a los esquemas de autoproducción social de vivienda que ayudan en materia de autoconstrucción y mejoramiento, pero no se ha realizado un esfuerzo de igual magnitud tratándose de la edificación formal de vivienda nueva, apuntó.
Luis Méndez Jaled expresó que no hay presupuesto público que alcance para avanzar en una adecuada cobertura y calidad de la infraestructura y los servicios urbanos, por lo que el apoyo de la inversión privada es crucial.
Hacia adelante, reiteró, el desafío es enorme. Con base en el estudio Necesidades de Vivienda en México de SEDATU, que refiere datos de la CEPAL, se proyecta que el parque habitacional en México crecerá de 38 millones de viviendas en 2024, a 54.7 millones en 2050.
Estamos hablando de 16.7 millones de soluciones de vivienda que deben atenderse en apenas 25 años, expuso. Si no actuamos unidos el sector privado, el sector social y los tres niveles de gobierno, al menos 12.4 millones de esas viviendas se generarán de manera informal, profundizando la problemática antes descrita, concluyó Méndez Jaled.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), es la institución encargada de representar, apoyar y fortalecer a las empresas constructoras del país, por medio de la gestión, asesoría, capacitación, formación profesional e integración de nuevas tecnologías. En la actualidad cuenta con alrededor de 9 mil empresas afiliadas en 44 delegaciones, 18 oficinas de representación y 10 oficinas de atención en toda la República Mexicana.
