Por ello, varias comunidades y representantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya anunciaron que exigirán la reparación del daño en estos ecosistemas.
Lourdes Medina Carrillo, representante legal de la Red, explicó que esta denuncia colectiva difiere de la presentada en 2020 porque ahora existe un pronunciamiento oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitido en abril de 2023, que reconoce los riesgos para la salud de la población .
Manifestó que estas granjas fueron impuestas sin el consentimiento ni consulta con las poblaciones mayas, lo cual viola su derecho a decidir sobre sus tierras.
Explicó que los estudios realizados entre 2022 y 2025 confirman la presencia de coliformes fecales y Escherichia coli (E. Coli) en niveles que superan los límites permitidos para uso y consumo humano.
Precisó que las localidades afectadas se encuentran Kinchil, Kopomá, Chocholá, Santa María Chi (Mérida), San Fernando, Santa Teresa y Paraíso (Maxcanú), además de poblaciones de los municipios de Cantamayec, Dzoncauich, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Teabo y Tetiz, todos ellos en zonas aledañas al Anillo de Cenotes, la Reserva Natural de Cuxtal y El Palmar, esta última dentro de la Reserva de la Biósfera de Celestún.
Medina Carrillo indicó que la nueva denuncia fue presentada ante Profepa, Semarnat y Conagua, la cual pide suspender operaciones de la granja de Santa María Chi y frenar nuevas autorizaciones de Manifestación de Impacto Ambiental, así como la reparación integral de los daños al agua, la salud y el ecosistema.
Asimismo, se exige la intervención de la Fiscalía General de la República por delitos ambientales, y garantizar el derecho de los pueblos mayas a ser consultados , puntualizó.
Por su parte, Matilde Dzib Dzul, apicultora y representante de Kinchil, advirtió que la contaminación afecta la afecta la producción de miel y causa daños a la biodiversidad que asegura la permanencia de las abejas.
El comisario, de Santa María Chi, Wilberth Náhuatl, señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha emitido 17 sanciones y una multa superior a 14 millones de pesos contra la empresa porcícola sin que hasta ahora se hayan cumplido las resoluciones para suspender operaciones.
