
Este lunes, al participar en la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", Octavio Romero, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dio a conocer que se trabaja en un esquema para regularizar cerca de 145,000 viviendas que han sido invadidas a lo largo del país, y legalizar a los ocupantes irregulares.
Es decir que la meta sería identificar las viviendas con crédito Infonavit emproblemadas con el pago y que están invadidas, y ofrecer a los ocupantes irregulares la posibilidad de adquirir la vivienda a precio económico; mientras que, en el caso de que quienes ocupan la vivienda no sean derechohabientes, se les ofrecería la renta con opción a compra para hacerse de la casa.
Al respecto, Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), pidió analizar cuidadosamente las implicaciones legales y sociales de esta iniciativa.
"En primera instancia, uno podría pensar que no es justo. Si una persona se posicionó de manera ilegal en una vivienda y ahora se le otorgan beneficios, no suena legal ni soberano", señaló.
El líder del gremio constructor reconoció que el objetivo de esta iniciativa del Infonavit puede ser rescatar y reactivar viviendas en situación de abandono y conflicto, pero advirtió sobre los riesgos de institucionalizar una práctica que podría convertirse en incentivo para futuras ocupaciones ilegales.
Asimismo, puntualizó que muchos de estos casos se encuentran estancados en procesos legales sin resolución a la vista, por lo que la intención del Infonavit parece ser encontrar una vía para recuperar el valor de estos activos, permitir su reintegración al sistema y generar nuevas oportunidades de financiamiento para más vivienda.
No obstante, enfatizó que es fundamental evitar que esta medida envíe un mensaje equivocado a la ciudadanía.
"Quiero entender que el espíritu es conseguir este recurso para poder capitalizar más créditos o ejercicios para tener más vivienda, pero hay que tener cuidado con que eso no sea un incentivo para que se convierta en una práctica; es decir que yo voy y me posiciono en una vivienda, y dentro de cinco años me van a dar un planteamiento para poderla adquirir. Sabemos que los hábitos terminan convirtiéndose en leyes", advirtió.
Por otro lado, el presidente nacional de la CMIC destacó el trabajo coordinado que ha realizado el sector con el Infonavit, y destacó que la vivienda se mantiene como una prioridad tanto para el Instituto como para el Gobierno Federal.
"Estamos colaborando muy de la mano con el Infonavit. La presidenta del país considera a la vivienda como un derecho humano esencial y estratégico para México".
Finalmente, reiteró que la CMIC mantendrá un diálogo institucional abierto con el Infonavit para asegurar que cualquier medida adoptada esté bien fundamentada y no genere efectos adversos en el mercado habitacional.