En su posicionamiento, AMPI alertó sobre los riesgos de implementar esquemas de congelamiento de rentas, señalando que lejos de beneficiar a los inquilinos, estas políticas pueden provocar reducción en la oferta de vivienda, incremento en litigios, pérdida de competitividad urbana y fuga de inversión inmobiliaria.
Compartimos la preocupación por garantizar vivienda digna y asequible, pero congelar precios no resuelve el problema de fondo: la falta de oferta. Sin una mayor construcción de vivienda asequible, no habrá solución sostenible , afirmó la asociación.
Según cifras citadas por AMPI, actualmente faltan más de 350 mil viviendas en la capital, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Además, aunque siete de cada diez capitalinos enfrentan estrés financiero por el pago de rentas (ENIGH 2024), solo el 12% de los arrendamientos superan los $25,000 mensuales, según un análisis de la propia asociación.
La organización respaldó su posicionamiento con ejemplos internacionales. En París, la inversión en vivienda cayó 32% entre 2015 y 2023 tras imponer controles de renta (INSEE); en San Francisco, se registró un aumento del 40% en propiedades reconvertidas a Airbnb (UC Berkeley); mientras que en Bogotá, los desarrollos de vivienda social cayeron 18% tras medidas similares (Camacol).
Además, un informe de la Comisión Europea (2023) indicó que el 68% de los contratos con renta congelada terminan en litigios en países como Suecia, Alemania y Francia.
Cinco propuestas de AMPI para una política de vivienda incluyente
Con el objetivo de construir soluciones sostenibles, AMPI México presentó una agenda de cinco propuestas:
Banco de suelos con subsidio dinámico: venta de terrenos públicos con 30% de descuento a desarrolladores que destinen al menos el 50% de su proyecto a renta inferior a $8,000 mensuales.
Ley de Oferta Acelerada: aprobación exprés en un plazo máximo de 90 días para proyectos que incluyan al menos 40% de vivienda accesible.
Fideicomiso de Garantías de Renta: respaldo gubernamental de hasta seis meses de renta para inquilinos vulnerables, sin necesidad de congelar precios.
Impuesto a Vivienda Ociosa: incremento del 8% en el predial de inmuebles desocupados por más de un año en zonas de alta demanda.
Observatorio de Rentas CDMX: plataforma pública con datos actualizados sobre precios, oferta y efectos de políticas habitacionales.
